En el primer borrador de la disposición que legalizaba la censura de páginas web mediante mandato del ministerio de Cultura. Era el ministerio quien nombraba a un comité encargado de evaluar el cierre o no de una página. La gente protestó y recularon, pero en falso. Ahora un juez en teoría debería decidir sobre la competencia del comité para decidir sobre el cierre.
Una reforma en falso que no anula la arbitrariedad y las atribuciones extraordinarias del gobierno en terreno perteneciente al poder judicial.
Si el caso ya es bastante lamentable, es peor que los bufones gubernativos traten de colarnos que la gente apoya esta reforma infame.
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