Todas las medidas políticas populares para reducir o evitar la pobreza se han distinguido más por su antigüedad (el grano de los sacerdotes en el Imperio Nuevo) que por su eficacia. El efecto principal de las leyes de salario mínimo es crear desempleo, principalmente entre los trabajadores inexpertos que la ley está diseñada a ayudar. No debemos obligar a un empleador a emplear a un trabajador para que desarrolle un trabajo por encima del valor de ese trabajo. El empleador nunca lo hará (excepción constatable con el Estado y muchos funcionarios). Por lo tanto, impedimos que ese trabajador poco cualificado (los más desprotegidos) pueda acceder al mercado laboral. Lo condenamos a la humillación de tener que vivir de los Servicios Sociales.
Ahora bien, el legislador tiene la opción de garantizar unos ingresos mínimos no con un Salario Mínimo sino con un impuesto de la renta negativo. El trabajador ya participa del mercado de trabajo y cuando se cumpla el ciclo económico si sus ingresos no llegan a un mínimo, el Estado le compensará hasta llegar a ese mínimo. Lo malo es que se establecería para personas que quizás no trabajasen todo el año y el dinero saldría de los otros trabajadores.
Prácticamente toda política gubernamental contra la pobreza consiste en sacarle el dinero a uno para dárselo a otro. Se trata de coger los ingresos del trabajo o los ahorros de Pedrito para dárselos a Anita. Lamentablemente con eso sólo se desincentiva la capacidad de ahorrar o de ingresar tanto de Pedrito como de Anita.
Afortunadamente tenemos al Mercado. Empresas libres maximizan los incentivos a la producción, el trabajo, la innovación, el ahorro, la inversión. Controlan con exactitud sus posibilidades de crecimiento y sus gastos. Responden ofreciendo bienes o servicios a las demandas de la gente. A las demandas reales, no a las inventadas por un burócrata o un político. Solamente la empresa privada libre, de hecho, puede solucionar lo que llaman los economistas “El problema del cálculo económico”.
El problema del cálculo
El socialismo es incapaz de solucionar el problema. Los burócratas encargados de industrias nacionalizadas pueden ser concienzudos, temerosos de Dios; pero como no tienen ningún miedo de sufrir pérdidas personales por sus errores o su ineficacia y ninguna esperanza de ganar beneficios personales a través de la reducción de los costes o de la innovación, están limitados, en el mejor de los casos, para llegar a conservar su trabajo y tolerar una torpe ineficacia. Pero ésta es la parte más pequeña del problema.
En el socialismo no hay guía del mercado, no hay guía de precios del dinero o de costes en términos de dinero. Los encargados burocráticos de la economía socialista no sabrían qué artículos producen unos beneficios sociales y cuáles una pérdida social. Ni ellos saben cuánto hay que producir de cada artículo o servicio, o que la producción de diez de millares de diversas materias fuera sincronizada o coordinada. Podrían, por supuesto, asignar precios arbitrarios a las materias primas y a los artículos acabados. Pero sin embargo no sabrían si las pérdidas o beneficios anotados reflejan beneficios o pérdidas verdaderas.
En fin, no podrían solucionar el problema del cálculo económico. Estarían trabajando en la oscuridad. Los directores de una economía socialista tendrían que fijar salarios arbitrariamente y si no contrataron el número correcto de trabajadores competentes en la fabricación de las cosas que quisieran producir y en las cantidades que quisieran que fueran producidas, tendrían que utilizar la coerción: obligar a los trabajadores a trabajar para ellos, y dirigir la economía de forma centralizada, como en una organización militar. La militarización y la reglamentación del trabajo es a lo que, de hecho, han recurrido Cuba y Corea del Norte.
El problema del cálulo económico es lo que las medidas estatalizadoras no tienen en cuenta. Es un desperdicio de recursos, una sangría que pagamos todos.
Ahora bien, el legislador tiene la opción de garantizar unos ingresos mínimos no con un Salario Mínimo sino con un impuesto de la renta negativo. El trabajador ya participa del mercado de trabajo y cuando se cumpla el ciclo económico si sus ingresos no llegan a un mínimo, el Estado le compensará hasta llegar a ese mínimo. Lo malo es que se establecería para personas que quizás no trabajasen todo el año y el dinero saldría de los otros trabajadores.
Prácticamente toda política gubernamental contra la pobreza consiste en sacarle el dinero a uno para dárselo a otro. Se trata de coger los ingresos del trabajo o los ahorros de Pedrito para dárselos a Anita. Lamentablemente con eso sólo se desincentiva la capacidad de ahorrar o de ingresar tanto de Pedrito como de Anita.
Afortunadamente tenemos al Mercado. Empresas libres maximizan los incentivos a la producción, el trabajo, la innovación, el ahorro, la inversión. Controlan con exactitud sus posibilidades de crecimiento y sus gastos. Responden ofreciendo bienes o servicios a las demandas de la gente. A las demandas reales, no a las inventadas por un burócrata o un político. Solamente la empresa privada libre, de hecho, puede solucionar lo que llaman los economistas “El problema del cálculo económico”.
El problema del cálculo
El socialismo es incapaz de solucionar el problema. Los burócratas encargados de industrias nacionalizadas pueden ser concienzudos, temerosos de Dios; pero como no tienen ningún miedo de sufrir pérdidas personales por sus errores o su ineficacia y ninguna esperanza de ganar beneficios personales a través de la reducción de los costes o de la innovación, están limitados, en el mejor de los casos, para llegar a conservar su trabajo y tolerar una torpe ineficacia. Pero ésta es la parte más pequeña del problema.
En el socialismo no hay guía del mercado, no hay guía de precios del dinero o de costes en términos de dinero. Los encargados burocráticos de la economía socialista no sabrían qué artículos producen unos beneficios sociales y cuáles una pérdida social. Ni ellos saben cuánto hay que producir de cada artículo o servicio, o que la producción de diez de millares de diversas materias fuera sincronizada o coordinada. Podrían, por supuesto, asignar precios arbitrarios a las materias primas y a los artículos acabados. Pero sin embargo no sabrían si las pérdidas o beneficios anotados reflejan beneficios o pérdidas verdaderas.
En fin, no podrían solucionar el problema del cálculo económico. Estarían trabajando en la oscuridad. Los directores de una economía socialista tendrían que fijar salarios arbitrariamente y si no contrataron el número correcto de trabajadores competentes en la fabricación de las cosas que quisieran producir y en las cantidades que quisieran que fueran producidas, tendrían que utilizar la coerción: obligar a los trabajadores a trabajar para ellos, y dirigir la economía de forma centralizada, como en una organización militar. La militarización y la reglamentación del trabajo es a lo que, de hecho, han recurrido Cuba y Corea del Norte.
El problema del cálulo económico es lo que las medidas estatalizadoras no tienen en cuenta. Es un desperdicio de recursos, una sangría que pagamos todos.
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