domingo, 2 de octubre de 2011

Sobre el primer Congreso de la Sociedad Civil

Cuando un grupo de españoles se junta con la intención de diagnosticar al país y proponer un tratamiento, poco me importa si lo hace en una tasca, en una universidad o en la Puerta del Sol. Tampoco me interesa la situación de partida de cada ponente, ni las declaraciones de intención previas. A mi me interesan las propuestas.

Así, dejando a un lado la propaganda, las lecturas políticas o los análisis previos de lo que significa el primer Congreso de la Sociedad Civil, voy directamente a sus conclusiones. Éstas las podemos dividir en tres bloques:

  • Reforma constitucional y división de poderes
  • Ley Electoral y democracia participativa
  • Medidas económicas
Muchas de las conclusiones son conocidas por todos y compartidas por una inmensa mayoría de españoles: vigilar mejor lo que los políticos hacen con el dinero público, reducir la brecha entre político y elector, despolitizar la justicia, equiparar el peso del voto, etc.

Otras conclusiones a mi me parecen razonables pero entiendo que no son compartidas por la mayoría de los españoles: eliminar las subvenciones infinitas, acabar con el sindicalismo fascista, reducir el número de ayuntamientos, acabar con los convenios colectivos obligatorios, repensar el estado de las autonomías, etc.

En tercer lugar hay un grupo de conclusiones que soy incapaz de compartir: recapitalizar y en su caso nacionalizar entidades financieras, castigar a jueces y fiscales que respondan a oscuros intereses (¿cómo?), castigar a medios de comunicación que respondan a oscuros intereses (oiga, quien paga manda; otra cosa es limitar el gasto de propaganda pública en los medios) y crear la carrera de "funcionario" en la educación universitaria. Hay una más, que me llama la atención por ser muy concreta, tan concreta que es la reescritura de un artículo de la Constitución:

El Articulo 3 de la Constitución, en sus apartados 1 y 2, quedará redactado del modo siguiente.
6.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Su enseñanza, uso y aprendizaje es irrenunciable.
6.2. Las demás lenguas españolas gozarán de protección estatal, pudiendo ser objeto de enseñanza y aprendizaje como segunda lengua a elección de los progenitores, pero nunca en detrimento del idioma oficial de España.

No es que esté en contra de esta conclusión, es que me da dentera. Esta propuesta tiene una lectura política que va más allá del idioma. Supone la plasmación de una idea de España en la que los españoles que usamos más de una lengua española tenemos que pedir perdón a los españoles que sólo conocen una.

-Oiga, pero se trata de la lengua común, la hablan cientos de millones de personas y...

Que sí, que estoy de acuerdo con todos los pros del conocimiento del castellano. Para mi ese no es el problema, el problema es que si yo vivo en Lavapiés y me sale de ahí limitar todas mis relaciones al uso del mandarín, no quiero que me impongan un currículo académico que no me interesa. Además, al establecer la obligatoriedad del uso del castellano ¿no estamos cayendo en aquello por lo que criticamos a los nacionalistas? Parece que se quiere combatir una posición política haciendo justo lo mismo con otro idioma.

Insisto: que las escuelas impartan los idiomas según decidan padres y profesores, que haya competencia. Si se trata de hablar con la administración, no hace falta ninguna ley que obligue a usar este u otro idioma: el ciudadano y el funcionario que se las arreglen para hacerse entender. Que en los libros de reclamaciones no aparezca "no quiso hablar en castellano conmigo", sino más bien "se negó a entenderme".

Que haya más sentidiño, que dejemos de usar las lenguas como separación política y las valoremos más como patrimonio común. Para esto sin duda hace falta acabar con todo tipo de subvención, ayuda, inmersión y demás zarandajas de miniestados. Pero también hace falta acabar con la visión mesetaria de España, ya que esa visión es la que da alas al victimismo de otros.

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5 comentarios:

spartan 02 octubre, 2011  

<<...castigar a jueces y fiscales que respondan a oscuros intereses (¿cómo?)>>

Sobre este asunto, dos cosas:

1. Supongo que en España ya hay leyes que contemplen ésto (no soy jurista, pero parece lógico, ¿no?). Para mí, uno de los grandes problemas de España en los últimos años es que habiendo leyes, no se hacen cumplir. Los incumplimientos de sentencias que todos conocemos son un buen ejemplo, pero desgraciadamente no el único.

2. Aquí respondo a la pregunta capital, o sea el "¿cómo? (castigamos a jueces y fiscales)".

¿Cadena perpetua? ¿Pena de muerte? Para mí serían aceptables estas penas tan duras, si se aplicaran a la judicatura o a los representantes electos, vulgo "los políticos". Estoy seguro de que me estoy pasando un par de pueblos, pero visto lo visto, creo que la solución para el Ejecutivo-Legislativo (en España son lo mismo) y el Judicial en España es mano dura, muy dura. De titanio.

* Soy consciente de que el punto 2 nos lleva de vuelta al 1. Si no hacemos cumplir las penas actuales, más difícil sería ejecutar penas aún más duras.

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Totalmente de acuerdo en el tema de la oficialidad de las lenguas. Yo quitaría la oficialidad de la Constitución, así como de los Estatutos Autonómicos. El otro día leía que habían multado a un bar canario porque nadie del personal hablaba español. La ley venía del ayuntamiento o del cabildo, no lo recuerdo bien pero tanto da. Es estúpido.

Sólo exigiría la oficialidad para ciertos aspectos administrativos, o digamos de "lo público" (no incluyo a las escuelas, aquí también estoy de acuerdo con lo que dice el post). Pero, ¿en un negocio privado...? Ni hablar, cada uno que hable, escriba o rotule en su tienda como le apetezca. Es asunto suyo y si acaso de sus clientes. Sabemos que hay bares mallorquines (de esos que son "sólo para alemanes") o de Levante ("frecuentados por ingleses"), y parece que no hacen mal a nadie, el que entra en ellos ya sabe lo que hay. Pero parece que los canarios (algunos) se han propuesto ser tan borricos como (algunos) catalanes.

Pablo 02 octubre, 2011  

No debería de importar la inmunidad parlamentaria, estamos de acuerdo. Sobre la pena de muerte, yo estoy en contra (salvo en caso de guerra, claro). Creo que abrir ese debate es despistar al personal, hay cosas más inmediatas que resolver.

Lo de controlar a la justicia para que no sea partidista mucho me temo que será aplicar otro punto de vista partidista. Hay que tender hacia la independencia total de la justicia, para eso las leyes deben estar claras.

Elentir 03 octubre, 2011  

Pablo, coincido contigo en casi todo el análisis. Ciertamente, la referencia a la cuestión lingüística que hacen las conclusiones del congreso resulta paradójica: desde la sociedad civil se exige una imposición estatal (la del idioma castellano) sobre la sociedad civil a la que se dice representar. Me parece un punto muy desafortunado. No es eso, desde luego, lo que lleva pidiendo Galicia Bilingüe desde hace años, por poner un buen ejemplo de movilización desde la sociedad civil contra las imposiciones del poder político.

No tiene sentido sustituir un nacionalismo -el periférico- por otro, el español. Libertad de idioma, ésa es la solución.

Rick 03 octubre, 2011  

La obligatoriedad del español situaría a todos los funcionarios y estudiantes -y, con carácter general, a todos los portadores de DNI español- en igualdad de condiciones, evitando así el trato desigual y la discriminación. Sé de lo que hablo, porque me marché de Barcelona harto de provincianismo y de discriminación. Ser español ya es una horterada, pero ser catalán, vasco o gallego como identidad nacional viviendo en España suena ya a broma de mal gusto.

Lino 04 octubre, 2011  

El problema es la estúpida creencia de que para defender los derechos de alguien se logra obligando a otros a hacer alguna cosa. No es lo mismo defender los derechos de los hablantes de una lengua, a la obligatoriedad de conocerla. Mientras sigamos así no vamos a solucionar nada.

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